Sábado, 31 de julio de 2010
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El Defensor del Pueblo Andaluz advierte a la Alcaldesa que debe cumplir con las Leyes

LaVozdeMarbella.com - Marbella - 07/10/08
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El defensor del Pueblo Andaluz, don José Chamizo, a través del requerimiento enviado por su adjunta Claudia Zafra, ha requerido a la Alcaldesa de Marbella a que cumpla con las Leyes, en referencia a la Ley que regula el funcionamiento del Defensor del Pueblo y el Reglamento de Participación Ciudadana de Marbella y responda a sus requeriminetos

Los vecinos de Arroyo Guadalpín piden la ejecución de la sentencia sobre Jardines del Príncipe

Seis han sido los requerimientos enviados por el Defensor del Pueblo sin que hayan tenido respuesta por la Alcaldesa. Los requerimientos hacen referencia a una queja presentada por la Asociación de Vecinos de Arroyo Guadalpín por el incumplimiento del Reglamento de Participación Ciudadana y la falta de ejecución de la sentencia que condena a demoler Jardines del Príncipe.

En el último requerimiento, se le apercibe a la Alcaldesa-Presidenta que de hacer caso omiso a sus requerimientos, este conducta sería considerada como "hostil y entorpecedora de sus funciones", dando cuenta al Parlamento de Andalucía y publicándose la conducta hostil del Ayuntamiento de Marbella en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, donde Muñoz ostenta la presidencia de la Comisión Municipal de su Grupo Popular.

Como bien es sabido, el Reglamento de Participación Ciudadana se aprobó hace año y medio sin que se haya puesto en marcha, a pesar de los muchos intentos por parte de las asociaciones vecinales culturales y deportivas del municipio.

Con respecto al contencioso de Jardines del Príncipe, la Asociación de vecinos exige la ejecución de la Sentencia, en la que se condena a la constructora a "reponer la realidad física alterada", por su construcción ilegal, en gran parte sobre una zona verde, y sobrepasando la edificabilidad y densidad prevista.

Jurisprudencia consultada por LA VOZ de Marbella del Tribunal de Estrasburgo es tajante y unánime al respecto. Los Estados, y por tanto todas sus Administraciones, incluida la local,  deben ejecutar las Sentencias de sus Tribunales de Justicia, puesto que de una sentencia se deriva un derecho fundamental denominado "tutela judicial efectiva" por los tribunales, también llamada "Justicia" por los ciudadanos.

En el caso de no ejecutar la sentencia, las Administraciones Públicas españolas podrían ser condenadas a una fortísima indemnización por parte del Tribunal de Estrasburgo y se podría condenar al Estado Central a ejecutar la demolición que evade el Ayuntamiento.

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