Ecologistas en Acción denuncia las amenazas vertidas por el Partido Popular contra su defensa del Medio Ambiente
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Para Ecologistas en Acción el PP ha repetido las mismas amenazas que lanzaba Jesús Gil y Gil contra aquellos que haciendo uso de sus derechos constitucionales, ponían en conocimiento de la justicia, sus denuncias contra la política urbanística.
Resulta perverso que el PP se niegue a revisar las licencias gilistas que han dado lugar a infinidad de atentados urbanísticos y en cambio lance amenazas contra aquellos que ni antes estaban ni ahora están de acuerdo con la ruinosa política urbanística que se sigue y en consecuencia dan traslado a los tribunales cuando advierten posible quebrantamiento de la legalidad.
Una política urbanística que entonces el PP nunca vio y nunca quiso denunciar y que ahora en con el poder de decidir que le da su mayoría absoluta, se niega a revisar.
Ecologistas en Acción invita al PP a que de traslado a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para que empiecen ya a estudiar la interposición de las acciones que consideren pertinentes contra los que presentamos denuncias contra la política urbanística, porque ni entonces las amenazas del GIL nos asustaron ni callaron ni lo van hacer ahora las amenazas del PP, por mucha mayoría absoluta que tenga.
El PP como antes el Gil olvida que tanto los ciudadanos como los poderes públicos están sujetos a la constitución y al resto del ordenamiento jurídico y que en el artículo 23 de la constitución española se garantiza el derecho de todos los ciudadanos a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún casi pueda producirse indefensión.
También olvida el PP que los ciudadanos tienen derecho a hacer oír su voz, y a elegir el cauce para ello; los partidos políticos no son el único cauce. Ellos no son los dueños sino los administradores de la voluntad del ciudadano y, mal que le pese al PP, hay ciudadanos que no están dispuestos a obedecer y callar.
Resulta revelador que el PP se niegue a cumplir el mandato legal y dar instrucciones al servicio jurídico para que revise los crímenes urbanísticos fraguados en los 14 años de gilismo, y sin embargo les ponga a trabajar contra los que denuncian al ayuntamiento por no cumplir éste mandato.