Se crea una plataforma que engloba a 50.000 ciudadanos afectados por el PGOU

Este grupo de ciudadanos están encabezados por José Ortiz, presidente de la Comunidad de Propietarios del Banana Beach, que junto con los presidentes de las Comunidades de Propietarios afectados por las compensaciones lucharán para que el Plan no salga adelante.

Alegan que el Plan General que se ha hecho para Marbella puede ser correcto desde el punto de vista urbanístico, pero la solución de áreas de reparto, compensaciones y áreas de actuaciones convierte a unos vecinos sobrevenidos a “ilegales” en cazadores y a otros pobres en cazados. Alegan que  existen 18.000 viviendas afectadas con más de 50.000 personas perjudicadas "y eso no es una minoría a la que se pueda sacrificar para que Marbella cuente con los equipamientos que le han robado".

En caso de no compensar con lo que el Plan les exige, esos vecinos volverían a ser ilegales. En Miraflores deben, según su área de reparto, aportar 396 m2 de un edificio habitado y consolidado en Calle Mediterráneo, el solar que sirve de parking y donde ahora se ubica la exposición de La Caixa.

Así mismo, los vecinos de  las Terrazas de Marina Marbella, además de aportar una parte de su terreno, deben obtener 11.093 m2 de Banana Beach, que ya está habitado y consolidado.

Los vecinos del edificio de correos en Jacinto Benavente deben obtener 4.624 m2 del terreno de la gasolinera Siebla. En parecida tesitura se encuentran el resto de perjudicados.

Y los pagadores de todo esto, según la Junta de Andalucía, serán los terceros adquirentes de buena fe.

Los vecinos no entienden cómo se legalizan las futuras promociones mientras que los vecinos que sólo intentan convivir, sin buscar beneficio alguno, se ven abandonados a la demolición o expropiación. Aducen que el propio avance del Plan introducía una serie de principios para la normalización urbanística entre los que se encuentran especialmente referenciados para ello el principio de seguridad jurídica, el principio de defensa al consumidor y el principio de tercero de buena fe, princicipios que ahora se han abandonado por “la voluntad política del Plan”.

Afirman que el Plan es, en definitiva, una perversa ley hecha “ad hoc” para castigar a Marbella y a los marbellíes desde la Junta de Andalucía.

Finalmente, anuncian una multitudinaria asamblea con todos los Presidentes de Comunidades y vecinos afectados para defender sus derechos en el Palacio de Congresos al final de la semana que viene.