El PP critica la "falta de transparencia" de la Diputación para el acceso a la información

   Salado apuntó que el Código del Buen Gobierno "es papel mojado en la Diputación y prácticamente en todas los ayuntamientos donde gobiernan". Así, dijo que dicho código, aprobado el pasado pleno del ente supramunicipal, "se incumple al 50 por ciento", por lo que exigió al presidente de la institución, Salvador Pendón, que "ponga en marcha los recursos o los instrumentos para que este código sea de aplicación al 100 por cien".

   Explicó que entre otros aspectos donde no se aplica el Código de Buen Gobierno es "en el fomento de la transparencia y democracia participativa, en la austeridad y cercanía al ciudadano y a la oposición y en el tono y trato de las intervenciones del equipo de gobierno con la oposición".

   Tampoco se utiliza, apuntó, en la elaboración de un reglamento orgánico que regule el funcionamiento del pleno, de las comisiones informativas y del acceso de la información a los miembros de la oposición, y en la participación de la oposición en las empresas, en los consejos de administración y en los organismos autónomos dependientes de la Diputación.

   Además, señaló que no se aplica en la reforma de estatutos del patronato de recaudación provincial, donde, manifestó, "el equipo de gobierno se gastó 30.000 euros en un empresa asesora para que le redacte un modelo de estatuto".

LEGISLAR

   Por otro lado, aseguró que Pendón "legisla para regular el derecho a la información de la oposición e incumple su propia legislación", ya que, según explicó, el acceso a la información de la oposición está regulada en el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) de las entidades locales, que establece "que la oposición una vez que solicita el acceso a una información, si en cinco días no se ha respondido negativamente, al sexto día tiene que estar disponible".

   Así, el portavoz popular en la Diputación aseguró que "si legislas y haces un reglamento orgánico o un decreto de Presidencia tiene que ser para favorecer ese derecho a la información, para acortar los plazos, nunca para empeorar".

   En este sentido, indicó que Pendón ha dictado un decreto "donde regula el acceso a la información y establece que se entregará en 30 días", por lo que subrayó que "nos amplía el plazo que es una vulneración clara de nuestro derecho", considerando "totalmente ilegal" ese decreto.

   Aseveró que han recurrido este documento "por vulneración de derechos fundamentales" y lamentó que "se va dilatando la resolución de ese recurso", ya que, según explicó, "el decreto que remiten al juez, para que éste valore si hay vulneración de derechos fundamentales, no es el que dicta el presidente de la Diputación sino uno que había anterior, del año 2005, donde no se alargaba el plazo a 30 días".

   Salado manifestó que el juez suspendió el procedimiento al ver que el decreto, que era el de 2005, no vulneraba derechos fundamentales, aunque apuntó que tras comprobarse que el documento no era el de 2008 "se levanto la suspensión del procedimiento y se requirió que aclarasen cuál es el decreto que estaba en vigor", señalando que el procedimiento está "otra vez en curso".

   Además, aseguró que Pendón firmó otro decreto que regula o instruye cómo se deben tramitar los procedimientos y los expedientes antes de llegar a comisión informativa y en el que se establece cómo se deben distribuir los expedientes para "poder tomar decisiones con total garantía de que conocemos el asunto". "Eso se incumple un día sí y otro no", apostilló.

   Por otro lado, criticó que "nos estamos acostumbrando ya al incumplimiento de la obligación que tienen de contestar las preguntas que hace en el pleno la oposición" y aseguró que han realizado más de 92 preguntas "y hay 56 sin contestar".

   "La documentación cuando llega lo hace incompleta y sesgada", subrayó Salado, quien puso algunos ejemplos como la solicitud que realizaron de la relación de atenciones protocolarias por parte de la Diputación, publicidad y propaganda, que "no se nos contesta nada de lo que habíamos solicitado, faltando lo esencial"; mientras que en otro caso la información no aparece firmada por nadie "por lo que ha podido hacerlo cualquier persona". "Esto es algo intolerable en una administración pública", apuntó.

FUENTES

   Por otro lado, recordó la denuncia que plantearon sobre el sueldo del que fuera en 2007 consejero delegado de la Sociedad de Planificación y Desarrollo (Sopde), Rafael Fuentes, donde se les trasladó un documento en el que se especificaba que en dicho año había cobrado 142.858 euros, de los que 68.318 eran el fijo y 74.540 euros de comisiones, además de 6.000 euros de asistencia a pleno o comisiones en el Ayuntamiento de Málaga, información que, según dijo Salado, "no es cierta".

   En este punto, añadió que Fuentes "estaba cobrando también de otra sociedad --Sociedad de Inversiones e Iniciativas, donde la Sopde está participada-- y cobra unos 4.800 euros más por esa asistencia, "por lo que no estaba cobrando 142.000 euros como se nos contestaba, sino unos 155.000 euros en 2007".

   "Hemos solicitado más información", aseguró el portavoz popular en la Diputación, quien añadió que "hemos pedido los contratos de personal que se hizo durante su periodo y estoy seguro de que vamos a tener grandes sorpresas".